Abusos en la Secretaria de seguridad pública de Guerrero

 UFE denuncia abusos y exige intervención de autoridades ante conducta del capitán Ángel Constantino Velázquez

Integrantes de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) de la Policía del Estado solicitaron hacer pública una denuncia formal dirigida al Secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledesma, y a la gobernadora Evelyn Salgado. En el documento, el personal operativo expone diversas irregularidades, violaciones a derechos constitucionales y conductas de abuso atribuidas al capitán Ángel Constantino Velázquez. La UFE pide una intervención inmediata conforme a la Constitución y a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública.

Señor Secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledesma;

Gobernadora Evelyn Salgado:

Quienes integramos la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) de la Policía del Estado nos dirigimos a ustedes con respeto, pero con firmeza, para solicitar su urgente intervención ante diversas irregularidades que vulneran nuestros derechos constitucionales y los principios rectores del servicio policial.

De conformidad con el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las instituciones de seguridad pública deben actuar bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad y respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, la presencia de mandos que no cumplen con estos principios afecta gravemente nuestra operatividad.

Sobre el capitán Ángel Constantino Velázquez

Denunciamos que el capitán Ángel Constantino Velázquez ha incurrido en conductas de abuso de autoridad, humillación, hostigamiento y desprestigio hacia el personal, lo cual viola:

• Artículo 1 constitucional

• Artículos 14 y 16

• Artículo 123, apartado B, fracción XIII

• Artículo 21 constitucional

Aunado a esto, queremos dejar asentado que esta conducta no es nueva ni aislada.

El capitán Ángel Constantino Velázquez ya ha tenido presencia en Acapulco y Costa Chica, y en ambos lugares hizo exactamente lo mismo:

• Humillar al personal

• Destruir la moral operativa

• Imponer abusos

• Proteger intereses ajenos a la institución

• Afectar la disciplina y la cadena de mando

Allí dejó antecedentes claros de su comportamiento, y hoy repite el mismo patrón dentro de la UFE.

Adonde quiera que va, su forma de operar es la misma, y siempre deja conflictos internos, divisiones y acusaciones por presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como Los Ardillos.

Fundamento en la Ley 179

Las acciones del capitán vulneran también la Ley Número 179 del Sistema de Seguridad Pública, específicamente en lo referente a:

• Responsabilidades del personal – obligación de conducirse con honradez, profesionalismo y sin relaciones con delincuencia organizada.

• Disciplina policial – prohibición expresa de maltrato, humillación y abuso de autoridad.

• Control de confianza y depuración – facultad de investigar y separar a mandos que representen un riesgo institucional.

La Ley 179 faculta de manera clara a la Secretaría para investigar, sancionar y remover a aquellos mandos que dañen la operatividad, la integridad del personal o la imagen de la institución.

POR TODO LO ANTERIOR, SOLICITAMOS:

 1. Investigación inmediata del capitán Ángel Constantino Velázquez, tomando en cuenta sus antecedentes en Acapulco y Costa Chica.

 2. Aplicación estricta de la Ley 179.

 3. Remoción de mandos que violen los principios constitucionales.

 4. Restitución de condiciones de trabajo dignas y profesionales.

 5. Asignación de mandos confiables, capacitados y alineados a la legalidad, como lo exige el Artículo 21.

Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad del Estado. Queremos trabajar, queremos resultados y queremos dignificar esta institución, pero exigimos que se garantice un entorno conforme a la ley y libre de abusos.

Confiamos plenamente en que esta denuncia será atendida conforme a la Constitución y a la Ley 179.

Atentamente,

Personal de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE)

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De paso investiguen al  subsecretario de Centros Penitenciarios y  al director del Cereso de Chilpancingo Isidoro Bartolo Morales ya que ellos permitieron que la funcionaria de Derechos humanos Nancy Coronel mantuviera relaciones con una persona privada de la libertad y no han permitido que se vean las cámaras donde se muestran muy íntimos.