Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020.-Las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Red Rompe el Miedo (RRM), Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) condenamos el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, defensoras de derechos humanos y periodistas en la protesta #JusticiaParaAlexis, ocurrida el día de ayer 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, y llamamos a las autoridades del estado a que respeten y garanticen la protesta social como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión.
Elementos de la policía municipal de Benito Juárez y del mando único de Quintana Roo usaron la fuerza de forma ilegítima y arbitraria para reprimir las movilizaciones sociales que exigían poner fin a la violencia contra las mujeres y mostraron el descontento por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis. Como resultado, tres personas manifestantes fueron heridas con armas de fuego, mientras que siete periodistas resultaron agredidos y la RNDDHM hasta la publicación de este comunicado registró que al menos 25 personas fueron detenidas.
Mal actuar policiaco y agresiones contra la prensa
La movilización fue convocada a las 16:00 horas por colectivas feministas, defensoras, familiares, amigos y profesores de Alexis, quienes llegaron a las inmediaciones de la fiscalía local. Posteriormente, a las 19:00 horas, se trasladaron a las oficinas de la presidencia municipal. Cuando las personas que se manifestaban, intentaron quitar las planchas de madera que cubrían el Palacio Municipal agentes de la Policía Municipal y Estatal accionaron armas largas y cortas, disparando al aire mientras realizaban detenciones arbitrarias y golpeaban a las y los jóvenes rezagados.
Esto contraviene estándares internacionales sobre el uso de la fuerza en contexto de manifestaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que: “el uso de la fuerza debe ajustarse a estrictos principios de excepcionalidad, necesidad, progresividad y proporcionalidad. En virtud de ellos, el uso de armas de fuego con municiones letales casi nunca se haya justificado en el contexto de manifestaciones, por lo que se recomienda que su portación por parte de los agentes de seguridad sea restringida en estos operativos”.
Durante la movilización, en diversas ocasiones los elementos policiacos intentaron retener, golpear a manifestantes, defensoras y periodistas e impedir la grabación de los hechos. Fue así que agredieron verbal y físicamente a Julián Fernando Ramírez Olivares, quien transmitía en vivo por Facebook los hechos. Durante la transmisión pidió a los elementos de Seguridad Pública Municipal que aplicaran los protocolos, guardaran sus armas y se garantizaran los derechos humanos de las personas manifestantes. En respuesta, elementos policiacos lo golpearon, intentaron retenerlo e impedir que continuara documentando. Finalmente fue detenido arbitrariamente y retenido en las oficinas de la presidencia municipal.
En el operativo fueron agredidas las periodistas Edith Selene Huidrobo González, reportera de Televisión Cun, del Grupo Sipse; Alejandra Carol Galicia Ocaña, corresponsal de La Silla Rota; Adriana González Varillas, corresponsal de El Universal: Fernanda Duque, reportera del medio Novedades de Quintana Roo; Cecilia Solís, corresponsal de Diario Quintana Roo y Energy F.M.; y los periodistas Roberto Becerril, del medio local La Verdad y Santiago Rodas, reportero gráfico de la agencia Quadratín. Así como la defensora de derechos humanos Wendy Galarza.
Los periodistas Cecilia Solís, Roberto Becerril y la defensora Wendy Galarza, fueron víctimas de lesiones por arma de fuego en la pierna. Por otro lado, la periodista Selene Hidrogo recibió un golpe con macana por parte de un policía municipal, con el objetivo de tirar su celular e impedir que grabara. A este tipo de actos de violencia física también fueron sujetas las periodistas Adriana Varillas y Alejandra Galicia, quienes transmitían en vivo y, aunque se identificaron como prensa, diferentes elementos policiacos arremetieron contra ellas e intentaron obstaculizar su actividad periodística; incluso, a Galicia se le impidió que se acercara a entrevistar al secretario de Seguridad Pública municipal, Eduardo Santamaría. Asimismo el reportero Santiago Rodas recibió golpes por dos policías en la cabeza, brazos, pecho y costillas mientras trataba de documentar la actuación policial.
Además, se documentó que otro elemento de la policía municipal adscrita al Mando Único amenazó con un arma de fuego a la reportera Fernanda Duque, quien se encontraba documentando y resguardada de las balas. La periodista narró lo siguiente:
“Vienen los policías tirando balazos al piso y correteando gente por lo que yo me intento resguardar pero me alcanza un policía que recogía los casquillos del piso y me dice “muévete de aquí”, yo le dije que no porque me podían herir con las balas y me grita “o te mueves o te va a tocar un balazo”.
Es obligación de las fuerzas policiacas actuar en todo momento bajo una perspectiva de derechos humanos y enfoque de género, sujetando el uso de la fuerza a los principios de legalidad, proporcionalidad, estricta necesidad y rendición de cuentas. Durante las protestas, las policías deben regular su actuación bajo el principio de protección de los derechos de quienes se manifiestan y de terceros, por lo que el uso de la fuerza debe ser siempre la última opción, privilegiando el diálogo y la atención a los conflictos que originan la protesta, en particular cuando éstas son de mujeres víctimas y en especial de exigencias de justicia por feminicidios. Recordamos que tanto la ley nacional como los estándares internacionales son enfáticos en prohibir el uso de armas letales en manifestaciones.
Los hechos ocurridos ayer en Cancún hacen necesario que se realicen investigaciones diligentes para determinar las responsabilidades en la cadena de mando en todos los niveles, incluyendo quienes hicieron uso de armas de fuego, abusaron de la fuerza, cometieron detenciones arbitrarias, así como de quiénes estaban a cargo del operativo.
Si bien, el día de hoy Eduardo Santamaria, Secretario de Seguridad de Benito Juárez, fue separado de su cargo, los hechos ocurridos son también responsabilidad de Jesús Alberto Capella, Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, y de Carlos Joaquín González, Gobernador del Estado, por tratarse de un mando único y, por lo tanto, su actuar también debe ser investigado, al igual que el de las autoridades que fueron presentes, como la Guardia Nacional, por omitir realizar acciones de protección de la población ante esta agresión.
Los estándares internacionales de protesta también indican que en caso de uso de la fuerza, las autoridades deben llevar un registro detallado de todas las órdenes impartidas así como de todas las y los agentes involucrados en el operativo a fin de establecer los niveles y áreas de responsabilidad.
En estos operativos es relevante la documentación tanto por organizaciones, periodistas, así como organismos públicos de derechos humanos. La presencia de personas funcionarias de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) debe traducirse en una adecuada documentación de las violaciones, para ejercer sus facultades a través de la documentación de la queja correspondiente y posterior recomendación que contemple todas las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la manifestación.
Por lo anterior, el FLEPS, la RRM, CIMAC y la RNDDHM exigen:
- A la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado y las autoridades municipales proporcionen a las autoridades encargadas de las investigaciones, así como a los organismos de derechos humanos, la información relacionada con la planeación del operativo, asignación de armas y los registros de las comunicaciones entre elementos durante el desarrollo del mismo, transparentando las responsabilidades de la cadena de mando y determinarse las responsabilidades penales y administrativas aplicables.
- A la SSP estatal y autoridades municipales realicen una versión pública del informe que de acuerdo con la Ley Nacional sobre Uso de la fuerza deben rendir respecto a los operativos en los que hagan uso de la fuerza pública.
- A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ejercer su facultad de atracción por las agresiones en contra de la prensa en el marco de la manifestación en exigencia de #JusticiaParaAlexis con la finalidad de garantizar la imparcialidad y debida diligencia en la investigación de las agresiones.
- Darse a conocer públicamente la lista de personas detenidas, y lesionadas así como su estado de salud y situación jurídica. E iniciar el procedimiento correspondiente para reparar el daño ocasionado y establecer medidas de no repetición.
- Al Gobierno del Estado de Quintana Roo asumir un proceso diligente de rendición de cuentas y responsabilidad para la cadena de mando y llevar a cabo todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la manifestación en el estado, y la protección del derecho a defender derechos humanos. Así como manifestarse públicamente respecto a la relevancia del derecho a la protesta, la no estigmatización del movimiento feminista y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Atender la exigencia de las colectivas que piden la destitución del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Alberto Capella Ibarra.
- A la Fiscalía General del Estado garantizar el acceso a la justicia para Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, a través de una investigación pronta y efectiva sobre su desaparición y posterior feminicidio.
- A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos, iniciar las acciones necesarias para contribuir a las investigaciones sobre las agresiones en la manifestación así como para el esclarecimiento de la desaparición y feminicidio de Alexis.
Protestar es un derecho, reprimir es un delito
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