Jackie Pérez
Chilpancingo, Gro.- La guerra entre los grupos delictivos
que imperan en la Sierra de Guerrero han provocado temor, pobreza preocupación entre
la población.
A casi tres años que
se declararon la guerra fuertemente las
bandas delictivas y se apoderaron de los municipios de Chichihualco y
Tlacotepec, se ha venido dando una serie de enfrentamientos los cuales han dejado
pueblos fantasmas.
Hoy el municipio de Gral.
Heliodoro Castillo no cuenta con
servicios de telefonía celular, ni fija, esta sin suministro de combustible, no
hay circulación monetaria derivado de la falta de dinero en telégrafos, los
productos de empresas trasnacionales son
escasos, la siembra de amapola este año
está a la baja ya que el precio bajo de 25 mil pesos a 10 mil pesos el kilo, y
no hubo buen temporal, debido a la inseguridad los dueños de las parcelas no
han ido a sembrar lo que provoca que haya escases de alimentos , la educación y
la salud sin esperanza que brinde, ya que los doctores y maestros abandonaron
el municipio, no hay trasporte público. Por su parte comunidades de Leonardo
Bravo también se han visto afectadas ya que no hay trasporte público, no hay
servicio médico ni educativo.
Los 62, 306 habitantes de la Sierra Guerrerense están en
crisis humanitaria, ninguna de las autoridades u organismos de derechos Humanos
se han preocupado por ellos, cientos de desplazados bajo amenazas y sin
protección.
La guerra entre el narcotráfico acabo con la economía, el
desarrollo, la paz de sus habitantes,
nadie se mueve sin que los “patrones “lo dictamine, cabe señalar que un sicario
de alguno de los poblados gana un aproximado de $ 4200 pesos a la quincena
arriesgando en regresar a casa en una
caja fúnebre.
Las autoridades municipales entraran al servicio de los
mismos que hoy los tienen bajo el yugo, toda vez que no hay para cuando se
frene esta guerra.
Ninguno de los grupos sede ante el “paso de tregua “que mantiene por el momento
el clero encabezado por el Obispo Salvador Rangel Mendoza.
Los actores políticos de Guerrero están preocupados en
repartir los huesos en el congreso local, municipios y en el gobierno federal,
mientras que el gobierno estatal solo se mantiene a la expectativa.
Por su parte el
gobierno estatal no niega la presencia de las bandas delictivas, pero tampoco
hay un plan estratégico para frenar los
actos delictivos que ya han avanzado a la capital del Estado.
Tal vez el caso Ayotzinapa deja más dinero que cientos de familias secuestradas por y bandos
con nombre y apellidos, con ficha delictiva.
La vida de los guerrerenses radicados en municipios más golpeados por la delincuencia
vale tres millones de pesos mensuales y el capricho de un Jefe de seguridad
pública bipolar.
La legalización de la siembra de la amapola y la marihuana
no resuelve la problemática de
inseguridad en el País, sino por el contrario solo beneficiara a los poderosos
laboratorios que se convertirán en sus propios cultivadores.
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