Cabildo de Heliodoro Castillo inaugura ampliacion de la red de drenaje en colonias de la cabecera municicpal.

Gral. Heliodoro Castillo, Gro.- El alcalde  Serafín Hernández Landa inauguró la ampliación de la red de drenaje sanitario que beneficia a vecinos de los barrios La Merced y Guadalupe en Tlacotepec.

Durante los próximos días, el presidente municipal estará entregando más acciones de obra pública en otros puntos de la periferia, esto con el propósito de elevar la calidad de vida de la población y mejorar la imagen urbana de Tlacotepec.

Alertan a la Unión Europea sobre graves crisis de derechos humanos en México

• Ante la crisis sanitaria y económica en México y sus impactos a corto, mediano y largo plazo, organizaciones civiles hacen un llamado a la Unión Europea y al Estado mexicano a fortalecer su relación bilateral en materia política, técnica y de cooperación.

• Exigen al gobierno de México y a la Unión Europea fortalecer mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil, así como de transparencia y rendición de cuentas.

Organizaciones civiles denunciaron ante el Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, la grave crisis de derechos humanos en México, agudizada por los efectos de la crisis sanitaria y económica que han impactado de forma desproporcionada a los derechos humanos de las víctimas, particularmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

México y la Unión Europea sostuvieron la IX edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos el 10 de julio pasado, durante el cual organizaciones civiles entregaron un extenso diagnóstico sobre la crisis de derechos humanos en México y formularon recomendaciones a las autoridades mexicanas y europeas.

 

En el encuentro, las OSC apuntaron como un hecho positivo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido, en parte, la magnitud de la crisis en materia de derechos humanos y se haya comprometido a resolver algunas de las problemáticas más graves como las desapariciones; sin embargo, en la práctica, se siguen manteniendo altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos e impunidad.

 

La crisis de desapariciones se mantiene en el país, con un registro oficial de 61,637 personas desaparecidas, incluidas 5,184 personas desaparecidas en 2019, de las cuales 1,277 son niñas y mujeres. Las personas defensoras de derechos humanos, particularmente las defensoras indígenas de la tierra y del territorio, son el blanco de agresiones por parte de actores tanto privados como públicos. Los datos confirman que desde inicios del 2019, 33 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, de entre las cuales 4 fueron mujeres, incluyendo dos mujeres trans defensoras de derechos humanos y 19 periodistas, demostrando que labor periodística es de alto riesgo en México. La violencia de género se torna particularmente alarmante con el encierro, como lo reflejan las 11 mujeres, en promedio, asesinadas cada día. Cada 30 minutos un niño o niña es víctima de abuso sexual. Las niñas, niños y adolescentes son, por su parte, víctimas de 7 asesinatos y 7 desapariciones al día. Tan solo en el primer año de la administración, 117 crímenes de odio contra personas LGBTTTI+ fueron contabilizados. Los datos públicos disponibles, si bien no reflejan la totalidad de los casos, sí dejan entrever un aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia.

 

La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos dio a conocer que entre de marzo a junio, en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, se registraron 103 agresiones en contra de quienes defienden el derecho a la salud; 47 ataques contra el personal de salud, 141 agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas y 237 personas desaparecidas.

 

Asimismo, las OSC externaron su preocupación ante las deficiencias estructurales de las instituciones de administración y procuración de justicia, que propician la persistencia de la impunidad, la ausencia de políticas integrales de atención a víctimas, el mantenimiento de la política de militarización de la seguridad pública y el incumplimiento de México con recomendaciones y resoluciones internacionales. También hicieron hincapié en el debilitamiento de algunos órganos reguladores y autónomos; los señalamientos generalizados y difamaciones contra las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación; el impacto de las medidas de austeridad sobre las instituciones de derechos humanos; así como la falta de criterios técnicos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con derechos humanos.

 

Respecto al “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación” entre la Unión Europea y México, resaltaron el cierre de las negociaciones durante la pandemia, sin consulta ni participación de la sociedad civil, lo que evidencia la priorización de los actores económicos sobre los derechos humanos, contraviniendo los principios europeos de gobernanza y participación. Esto se refleja en la falta de evaluaciones de impacto en derechos humanos y ambientales incluyendo consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como se ha hecho con los megaproyectos del Tren Maya y del Corredor Transístmico, cuyas consecuencias ambientales y sociales serán devastadoras.

 

Por lo anterior, entre otras recomendaciones, las OSC exhortaron al gobierno de México y a la Unión Europea:

 

A cancelar los megaproyectos que han provocado asesinatos de personas defensoras y suspender aquellos que carecen de valoraciones sobre los impactos en derechos humanos y consultas (CPLI), y paralelamente implementar mecanismos obligatorios para identificar, prevenir, abordar y reparar los daños actuales y posibles de las actividades empresariales públicas y privadas, tanto domésticas, como extranjeras.

 

A fortalecer su cooperación política, técnica y económica, para paliar los efectos de la crisis por la COVID-19 y sus impactos a corto, mediano y largo plazo.

 

A reevaluar sus estrategias en materia de derechos humanos, en particular las dirigidas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, personas defensoras, periodistas, migrantes, personas LGBTTTI+, pueblos indígenas, y niñas, niños y adolescentes ante el recrudecimiento de la violencia en el contexto de la pandemia.

 

A fortalecer la cooperación técnica para lograr un mayor acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

 

A incorporar una perspectiva de prevención en las acciones realizadas para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, por ejemplo mediante la emisión  periódica de alertas por parte de la Delegación de la Unión Europea en casos de amenazas, detenciones arbitrarias y otros graves ataques.

 

A diseñar una política migratoria y de asilo con enfoque de derechos humanos.

 

Finalmente, las OSC instaron al Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a hacer públicos los resultados del diálogo de Alto Nivel sostenido con la Unión Europea, en particular su valoración acerca del diagnóstico presentado y su propuesta para el seguimiento de las recomendaciones.

Para conocer el análisis completo de las organizaciones puede consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/38QEbfk 

Para mayor información y contacto sobre este boletín favor de contactar a:
Quetzalcoatl g. Fontanot
Comunicación Serapaz
5554049045
 

Organizaciones mexicanas firmantes:

 

Artículo 19 México y Centroamérica,

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas,

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A C.,

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C,

Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. (Consorcio Oaxaca)

Equis: Justicia para las Mujeres,

Espacio OSC,

Gire, Grupo de Información en reproducción elegida, A.C.,

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.,

Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, INEPPA, A.C.,

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.,

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER),

Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ),

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) compuesta por Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A.C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A.C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A.C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ) (Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A.C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A.C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A.C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” (Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C. (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A.C. (Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

Organizaciones europeas firmantes:

Coordinadora Alemana por los Derechos  Humanos en México,

Oficina Ecumenica por la Paz y la Justicia,

President de la Comissió de DDHH del Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, vicepresidente Fundación DDHH del Consejo General de la Abogacía Española, Decano del Colegio abogacía Girona, Carles McCragh,

Colectivo París Ayotzinapa,

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH),

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT),

Taula per Mèxic

La Adhesiva 

15 millones de empleos para 2030 en transición hacia economía de cero emisiones netas, según BID y OIT

En un estudio pionero, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que la transición a una economía de cero emisiones netas en carbono podría crear 15 millones de nuevos empleos netos en América Latina y el Caribe para 2030. Para apoyar una recuperación sostenible de la COVID-19, la región necesita urgentemente crear empleos decentes y construir un futuro más sostenible e inclusivo.

El informe revela que la transición a una economía de cero emisiones netas provocaría la desaparición de unos 7.5 millones de empleos en electricidad generada por combustibles fósiles, extracción de combustibles fósiles y producción de alimentos de origen animal. Sin embargo, estos empleos perdidos son más que compensados ​​por las nuevas oportunidades de empleo: se crean 22.5 millones de empleos en agricultura y producción de alimentos procedentes de plantas, electricidad renovable, silvicultura, construcción y manufactura.

El informe también es el primero de su tipo en destacar cómo cambiar a dietas más saludables y sostenibles, que reducen el consumo de carne y lácteos y aumentan los alimentos procedentes de plantas, crearía empleos y reduciría la presión sobre la biodiversidad única de la región. Con este cambio, el sector agroalimentario de la región podría generar el equivalente a 19 millones de empleos a tiempo completo, que compensarían ampliamente la reducción de 4.3 millones de empleos en ganadería, avicultura, lácteos y pesca.

Además, el informe ofrece un plan sobre cómo los países pueden crear empleos decentes y la transición a cero emisiones netas. Esto incluye políticas que facilitan la reasignación de trabajadores, promueven el trabajo decente en las zonas rurales, ofrecen nuevos modelos de negocio, y mejoran la protección social y el apoyo a los desplazados, las empresas, las comunidades y los trabajadores.

El diálogo social entre el sector privado, los sindicatos y los gobiernos es esencial para diseñar estrategias a largo plazo para lograr cero emisiones netas de carbono, lo que crea empleos, ayuda a reducir la desigualdad y cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
 
Sobre el BID
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.
 
Sobre la OIT
Desde 1919 la Organización Internacional del Trabajo reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros. La OIT tiene como misión adoptar y promover normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo, crear mayores oportunidades de empleo e ingresos dignos para mujeres y hombres, mejorar la cobertura y la efectividad de la protección social para todos, y fortalecer el tripartismo y el diálogo social.

Experto de la ONU saluda protección del derecho a la asamblea en línea

GINEBRA (20 de julio de 2020) – El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación ha aclamado como innovadora y fundada la nueva interpretación sobre el derecho a la asamblea pacífica que incluye actividades digitales.

“Estoy emocionado por esta afirmación verdaderamente prominente de que el derecho a la asamblea pacífica se extienda a la participación remota, incluyendo asambleas en línea,” dijo Clément N. Voule, en reacción al documento difundido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU hoy. “Es particularmente relevante durante la pandemia por COVID-19, cuando tantas reuniones pacíficas se han llevado a cabo en línea.”

El Comité de Derechos Humanos, el cuerpo independiente de expertos y expertas que monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de sus Estados miembros, difundió su primera interpretación del Artículo 21 del Pacto, en el que con 66 palabras se afirma el derecho a la asamblea pacífica. El documento del Comité, Comentario General 37, es la culminación de dos años de amplias consultas globales con sociedad civil y expertos, incluyendo a Voule y sus predecesores, quienes han empujado decididamente para que dicho documento sea adoptado.

“Enfocándose ampliamente en la intersección de las tecnologías digitales y el derecho a la asamblea pacífica, el Comentario General 37 define un marco de referencia claro para proteger este derecho fundamental en la era digital,” dijo Voule. “Resuelve firmemente el debate sobre si el derecho a la asamblea pacífica se extiende a actividades en línea, establece que los gobiernos no deberían bloquear o impedir la conectividad de Internet en relación con las asambleas pacíficas y cuestiona el terrible efecto de las tecnologías de vigilancia.”

La interpretación del Comité será una importante orientación para jueces tanto en cortes nacionales como regionales alrededor del mundo, y desde ya forma parte de lo que se conoce como “soft law”,” dijo.

“Insto a los Estados a proteger las asambleas pacíficas tanto en línea como físicas,” dijo Voule. “Durante la actual pandemia por COVID-19, cuando tantas reuniones pacíficas se están dando en línea, los gobiernos deberían esforzarse para crear un ambiente propicio para que las personas se reúnan en línea y continúen accediendo al uso de tecnologías digitales para organizar, participar y monitorear asambleas en persona.”

Experto de la ONU saluda protección del derecho a la asamblea en línea

GINEBRA (20 de julio de 2020) – El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación ha aclamado como innovadora y fundada la nueva interpretación sobre el derecho a la asamblea pacífica que incluye actividades digitales.

“Estoy emocionado por esta afirmación verdaderamente prominente de que el derecho a la asamblea pacífica se extienda a la participación remota, incluyendo asambleas en línea,” dijo Clément N. Voule, en reacción al documento difundido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU hoy. “Es particularmente relevante durante la pandemia por COVID-19, cuando tantas reuniones pacíficas se han llevado a cabo en línea.”

El Comité de Derechos Humanos, el cuerpo independiente de expertos y expertas que monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de sus Estados miembros, difundió su primera interpretación del Artículo 21 del Pacto, en el que con 66 palabras se afirma el derecho a la asamblea pacífica. El documento del Comité, Comentario General 37, es la culminación de dos años de amplias consultas globales con sociedad civil y expertos, incluyendo a Voule y sus predecesores, quienes han empujado decididamente para que dicho documento sea adoptado.

“Enfocándose ampliamente en la intersección de las tecnologías digitales y el derecho a la asamblea pacífica, el Comentario General 37 define un marco de referencia claro para proteger este derecho fundamental en la era digital,” dijo Voule. “Resuelve firmemente el debate sobre si el derecho a la asamblea pacífica se extiende a actividades en línea, establece que los gobiernos no deberían bloquear o impedir la conectividad de Internet en relación con las asambleas pacíficas y cuestiona el terrible efecto de las tecnologías de vigilancia.”

La interpretación del Comité será una importante orientación para jueces tanto en cortes nacionales como regionales alrededor del mundo, y desde ya forma parte de lo que se conoce como “soft law”,” dijo.

“Insto a los Estados a proteger las asambleas pacíficas tanto en línea como físicas,” dijo Voule. “Durante la actual pandemia por COVID-19, cuando tantas reuniones pacíficas se están dando en línea, los gobiernos deberían esforzarse para crear un ambiente propicio para que las personas se reúnan en línea y continúen accediendo al uso de tecnologías digitales para organizar, participar y monitorear asambleas en persona.”

Fiscal General, Jorge Zuriel de los Santos, coordina de manera personal el trabajo de investigación en Huamuxtitlán por el homicidio de la Dra. Mélida “N” en la región Montaña

**En las primeras horas de este domingo, el Fiscal arribó a la región donde encabezó diversas reuniones y realizó diligencias encaminadas a esclarecer dicho Homicidio.

Huamuxtitlán, Gro. 26 de julio de 2020.- El Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, encabezó este domingo de manera personal las diligencias en el municipio de Huamuxtitlán en la región Montaña, luego del artero asesinato de la Dra. Mélida “N”, hecho ocurrido el pasado viernes 24 de julio del presente año sobre la carretera Tlapa – Puebla de dicho municipio.

El titular de la Fiscalía revisó el expediente, además de coordinar la investigación iniciada a través de la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio, hecho que aseguró habrá de esclarecerse mediante el trabajo permanente que realizan los Policías Ministeriales en esta región de Guerrero donde la víctima de profesión médico era una persona de prestigio y de reconocimiento por parte de la sociedad en esta localidad.

Así mismo el Fiscal General, se reunió con el Presidente de Huamuxtitlán, Elpidio Nava Rodríguez para establecer coordinación y exista coadyuvancia de las autoridades locales que permitan el avance en los trabajos de investigación.

La Fiscalía General del Estado, reitera su compromiso permanente con la sociedad en Guerrero en materia de procuración de justicia para esclarecer este lamentable crimen y llevar a él o los probables responsables ante la instancia judicial correspondiente.

EN GUERRERO EL RIESGO DE CONTAGIO SIGUE SIENDO ALTO Y TENEMOS QUE REDOBLAR ESFUERZOS: TULIO PÉREZ CALVO

·         El titular de Sefina expresó que en esta pandemia las personas no son sólo cifras, por ello la preocupación de que haya más infectados

·         El secretario de Salud, Carlos de la Peña, dijo que se pone especial énfasis en las zonas que registran el mayor número de contagios

·         En la entidad se registran 7 mil 305 casos, mil 82 decesos y los municipios dónde hay repuntes son: Chilpancingo y Zihuatanejo

Acapulco, Gro., 11 de julio de 2020.- Durante el reporte diario de las acciones para combatir el COVID-19, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), Tulio Pérez Calvo y el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, pidieron a la población seguir alerta ante el alto riesgo de contagio que se registra actualmente en el estado y que mantiene a la fecha un acumulado de 7 mil 305 casos confirmados.

En este panorama, Pérez Calvo dijo que es necesario redoblar los esfuerzos y solicitó actuar “todas y todos juntos”, con responsabilidad para evitar volver a un semáforo en rojo, que limitaría de nueva en cuenta muchas de las actividades económicas que actualmente están funcionando. 

En este punto, precisó: “Mucha gente piensa que solamente son números, sólo queremos recordarle que para nosotros no son números, son personas y que infortunadamente están siendo infectadas, que están en riesgo de perder la vida si no actuamos todas y todos juntos para evitar que continúen los contagios”.

Destacó el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Guerrero a través de las distintas dependencias, ofreciendo apoyos alimentarios, que hasta la fecha se traduce en la entrega de más de 375 mil raciones calientes en diferentes municipios. Enfatizó la campaña permanente que se ha impulsado para combatir la violencia de género; en este tema, la secretaría de Salud dio a conocer que se han otrogado 378 consultas psiquiátricas y 702 consultas psicológicas.

De acuerdo a los datos proporcionados por Carlos de la Peña, en Guerrero se mantiene un acumulado de mil 82 defunciones y se registraron 139 casos en las últimas 24 horas, de los cuales 77 corresponden a Acapulco y 54 a Chilpancingo. Destacó un repunte en las incidencias en los municipios de Chilpancingo y Zihuatanejo.

En el tema de ocupación hospitalaria, dijo que se mantiene un promedio de 37%, mientras que hay  39% en relación a la ocupación de ventiladores. En el tema de personas hospitalizadas, hay 54 intubados, 111 graves y 135 estables.

De la Peña Pintos, detalló que la secretaría a su cargo, además de trabajar en el tema de prevención de COVID-19, también enfoca sus esfuerzos al tema del dengue, con campañas permanentes de descacharrización, eliminación de criaderos de mosquitos y demás acciones para evitar la proliferación de este padecimiento.

A pregunta expresa, el titular de Salud en el estado dijo que los módulos de pruebas COVID-19 que se han instalado, tienen también como función el ser promotores de la salud, por lo que se está poniendo especial énfasis en aquellas zonas que registran mayor número de contagios. Dijo que en esta tarea conjunta, se acordó junto con el Consejo Nacional de Salud, que se reforzará el primer nivel de atención y anunció que en este marco, se determinó la distribución en algunas áreas de los oxímetros, para tener mayor vigilancia.

Para concluir, los funcionarios respondieron los cuestionamientos de la población en temas como uso y cuidado en las playas, atención hospitalaria, medidas de prevención, entre otras.

Fiscalía de Guerrero continúa operativo de búsqueda de tres personas desaparecidas en Tierra Blanca, municipio de Cochoapa el Grande

**La Unidad Canina de Búsqueda de FGE encabeza el operativo donde se localizaron indicios durante los trabajos en la Región de la Montaña

Cochoapa el Grande, 10 de julio de 2020.- La Fiscalía General del Estado a través de la Policía Ministerial, Peritos, personal de la Unidad Canina de Búsqueda, así mismo con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, SEDENA, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal, pobladores de la zona y familiares, continúan el operativo de búsqueda de tres personas desaparecidas en Tierra Blanca, municipio de Cochoapa el Grande, Región Montaña de Guerrero.

Durante el operativo de búsqueda en el lugar denominado Cerro de la Piedra Grande, que se encuentra aledaño al poblado de Tierra Blanca, llegaron hasta el Río de Metlatónoc, en pendiente escabrosa y accidentada donde fueron localizadas pertenencias de los desaparecidos.

El recorrido realizado fue en una longitud de 14 kilómetros y media, pasando por el río de Metlatónoc, la comunidad de San Juan Huexoapa cerca de la carretera Tlapa-Cochoapa el Grande, donde posteriormente las evidencias fueron debidamente fijadas y embaladas por los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales.

La Fiscalía General del Estado como parte de su trabajo permanente en materia de procuración de justicia, continuará  la búsqueda de las tres personas desaparecidas, reiterando su compromiso con la sociedad guerrerense.

La CNDH y la ONU-DH condenan las agresiones contra manifestación pacífica en Guanajuato

Ciudad de México, 10 de julio de 2020 – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenan el uso excesivo de la fuerza por elementos de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato contra una manifestación pacífica de familiares de personas desaparecidas en la que se dieron agresiones físicas contra quienes participaban y cinco personas fueron detenidas, incluyendo personal de la CNDH.

La CNDH y la ONU-DH exigen la liberación inmediata de Gisela Verenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, familiares de personas desaparecidas y la activista María del Carmen Ramírez, que aún permanecen detenidas. Ambos organismos llaman a una investigación pronta y eficaz por la autoridad competente y se sancione a los responsables de estos hechos. Asimismo, se debe brinda de manera inmediata la atención de salud que requieran las personas lesionadas.

En atención a la petición de acompañamiento formulada por el colectivo “Sembrando Comunidad”, de Irapuato, Guanajuato, los Visitadores Adjuntos de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jorge Francisco Rubio Salgado y Carmelo Solís Sánchez, adscritos al Programa Especial de Personas Desaparecidas, el día de ayer acudieron a la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en donde establecieron contacto con los dirigentes de la organización mencionada.

El día de hoy, a petición de los integrantes del colectivo, los Visitadores Adjuntos se trasladaron a la glorieta de Santa Fe, a unos metros de la caseta de cobro Guanajuato – Silao, en la capital del estado, en donde se encontraba un grupo importante de integrantes de diversos colectivos que integran a víctimas de casos de desaparición, quienes estaban realizando posicionamientos y exigiendo respuestas en relación a la grave problemática que prevalece respecto de este tema.

Durante el desarrollo de estos acontecimientos, los Visitadores Adjuntos de la CNDH pudieron constatar y documentar que se trataba de una reunión pacífica, en la que se estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión dentro del marco legal.

Sin embargo, aproximadamente a las 09:00 horas de este día, los Visitadores Adjuntos  documentaron que se presentó un numeroso grupo de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes de forma desproporcionada, sin mediar la aplicación de protocolo alguno y negándose de manera absoluta al diálogo con los manifestantes, premisa indispensable en cualquier sistema democrático, procedieron a la detención de cuatro víctimas indirectas de casos de desaparición que se encontraban en la manifestación y del propio Visitador Adjunto de la CNDH Jorge Rubio Salgado, agrediendo físicamente a las personas ahí se encontraban y lesionando a algunas de ellas.

Las personas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones de la Dirección de Policía Municipal Preventiva de Guanajuato, Guanajuato, en donde el Visitador Adjunto de la CNDH fue liberado; sin embargo, hasta las 15:00 hrs., las cuatro personas que ejercían su derecho constitucional a manifestarse libremente se encontraban detenidas de forma arbitraria e ilegal.

La CNDH y la ONU-DH reiteran la obligación, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, de todas las autoridades de garantizar que los organismos públicos de derechos humanos puedan llevar a cabo su mandato con plenas garantías de seguridad.

Finalmente, ambos organismos expresan su solidaridad con las víctimas de desapariciones y particularmente con las personas que fueron agredidas o detenidas arbitrariamente el día de hoy.